MC Legal Consulting

Cambios relevantes del proceso de pertencia en el CGP

por Edelcy Correa


Publicado en Febrero 14, 2018



El proceso de pertenencia es uno de los más conocidos dentro de los procesos declarativos. Anteriormente era regulado por el Código de Procedimiento Civil en su artículo 407, hoy en día en el artículo 375 del Código General del Proceso; este tramita todas las usucapiones que no requieren un trámite especial, en el cual se va a centrar nuestro estudio pues este trae nuevas exigencias las cuales vamos a entrar a analizar; este proceso en el nuevo CGP busca darle mayor efectividad al principio de publicidad e inmediación por lo siguiente: la realización del emplazamiento, poner en conocimiento a las entidades públicas de la Litis, la colocación de la valla, entre otras actuaciones; además de ser de los pocos procesos que de forma obligatoria el juez practica la inspección judicial, convirtiéndose así en un proceso mixto en donde lo instaura la parte interesada y termina siendo el juez el que dirige el proceso para que se cumplan todos los requisitos y presupuestos de este.

En el presente artículo dará conocer algunos puntos de cómo se lleva a cabo el Proceso de Pertenencia en Código General del Proceso, pues a pesar de que existen teorías sobre este proceso, recordemos que ellas vienen bajo la vigencia del Código Procedimiento Civil y es necesario profundizar sobre algunos puntos que este proceso trae; también, es importante conocerlo porque le permitirá al litigante tener mayor claridad para instaurarlo y al juez le permitirá que al tramitarlo se evite la vulneración de las garantías procesales y dándole cumplimiento a los presupuestos procesales.

En cuanto a la Competencia

El Código de Procedimiento Civil expresaba que el juez competente para conocer de forma exclusiva el proceso de pertenencia que no requería un trámite especial, era el Juez del Circuito en Primera Instancia, pero el Código General del Proceso trajo una serie de discusiones, pues al incorporar los temas agrarios que venían siendo regulados por el decreto 508 de 1974 (derogado), se desconoció también la competencia de los procesos de pertenencia agrario. Al indagar sobre el tema dentro del CGP no se mencionó la determinación de la competencia de este proceso, por tanto había dos puntos de vista para resolver este vacío jurídico. Uno, que el proceso de pertenencia dentro del CGP mantendría la postura que traía el CPC, es decir, el conocimiento lo tendrían los Jueces Civiles del Circuito. La segunda, con el CGP desaparece la competencia exclusiva de los Jueces del Circuito, quedando determinarla por la cuantía del asunto de acuerdo al artículo 25 del CGP.

Otro tema que es necesario hablar dentro de este proceso es el Certificado expedido por el registrador público, que se considera uno de los documentos y prueba más esencial dentro de esta causa, pues se busca conocer más a fondo todo lo que recae sobre el bien inmueble pretendido para prescribir; igualmente proteger los derechos de propiedad de quienes se crean con derecho de tenerlo y puedan ejercer su derecho de acción y contradicción dentro del aparato jurisdiccional del Estado.

Es bueno traer a colación lo que la Corte Constitucional expresó sobre la relevancia que tiene “aportar la certificación del registrador de instrumentos públicos deberá expedir el certificado con un contenido claro y cierto sobre esa situación de titularidad de derechos respecto del bien en litigio, con precisión acerca de la clase de derecho real principal que aparece registrado o, por el contrario, con la manifestación que ninguna persona aparece con esa calidad.

La obligación de certificar, en los términos anotados, debe asumirse a cabalidad, pues el documento en mención constituye un presupuesto procesal de la demanda de pertenencia (C.P.C., art. 85-2) y, de esta forma, el incumplimiento a las exigencias legales de contenido exigidas en la disposición enjuiciada, puede determinar la inadmisión de la demanda o, en el evento contrario, el proferimiento de una sentencia inhibitoria frente a las pretensiones del actor, con detrimento de su derecho sustancial.

A su vez, al actor en este proceso, también le es exigible una actitud diligente y honrada. Ciertamente, la parte interesada en iniciar el proceso de pertenencia debe suministrar toda la información que esté a su alcance y se requiera para lograr la verdadera identificación del inmueble materia del litigio, de manera que permita ubicar el respectivo folio de matrícula del bien con la historia jurídica del mismo, así como la identificación de las personas que puedan ser titulares de derechos sobre el mismo bien”1.

Otra de las novedades del CGP frente al proceso en mención, es que incluye nuevas entidades públicas a notificar cuando la prescripción adquisitiva recaiga sobre un bien inmueble, las cuales son la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones.

Esto ha sido un gran avance pues el juez siempre que se percataba de que el bien inmueble podría ser del Estado lo vinculaba al proceso de oficio. El concepto dado por estas entidades podría tener fuerza vinculante para que el fallo sea favorable o desfavorable a las partes interesadas. Estas fueron vinculadas al proceso de declaración de pertenencia, porque la mayoría de los casos sobre bienes inmuebles que se presentan es sobre terrenos baldíos. Además, se busca proteger esos predios rurales que por el desplazamiento forzado quedan en un estado de abandono y pueda que se presenten inescrupulosos a reclamar derechos que no les pertenecen, convirtiéndose este proceso de pertenencia más garantista del derecho de propiedad.

Otro asunto interesante es la prueba de inspección judicial que debe llevarla al cabo el juez de conocimiento, no solamente verifica el estado del inmueble, sino también de algo nuevo que incorporó este proceso para darle mayor amplitud en publicidad de éste, hablo de la colocación de la valla, la cual debe cumplir con una serie de requisitos de ley que el juez debe entrar a verificar.

Lo que muestra el legislador dentro de esta inspección judicial prácticamente le exige al juez que lleve a cabo además de lo anterior mencionado, las audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento (art 372 y373 CGP), para lo cual se sugiere, que se divida en dos o tres secciones y realizarlo por dos o tres días o como el juez lo considere conveniente, para que no le sean tan agotadores tanto para las partes como para el director del proceso.

Junto con la inspección judicial va una prueba ligada a ella, que es el dictamen pericial, cuya prueba de acuerdo al Dr. Ulises Canosa Suarez “Tendrá que aportarse un dictamen pericial siempre que se necesite verificar hechos que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Los dictámenes se rendirán por un solo perito y sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal sólo podrá presentar un dictamen. No son admisibles puntos de derecho, salvo para probar la ley extranjera o la costumbre”2. Esta prueba en el proceso de pertenencia le permite al juez una mayor amplitud y certeza sobre el bien inmueble que se busca adquirir por prescripción adquisitiva.

La mencionada prueba, dentro del proceso de pertenencia tanto en la vigencia en el Código Procedimiento Civil como en el Código General del Proceso, es una carga procesal cuando la parte quiere aportar este dictamen, pues debe sufragar los gastos para que se aporte esta prueba en el proceso. Pero si dentro del término señalado no consigna la suma fijada por el juez se prescinde de la prueba. Dando como resultado que se nieguen las pretensiones de la demanda. Por tanto si la parte interesada no tiene cómo pagar al perito deberá alegar amparo de pobreza, pues así se evitaría el resultado desfavorable en esta actuación.

De lo anterior se concluye que:

  1. Los doctrinantes, a pesar de darle una solución al tema de la competencia de la declaración de pertenencia, el legislador debe entrar a regularlo, puesto que, la doctrina puede ser fuente de ley, pero solo será acogida como mero concepto y pone en duda a los jueces especialmente del circuito pues no saben si son o no competentes en este proceso.
  2. El certificado del registrador público y las pruebas, como lo es la inspección judicial, son determinantes no solamente para la admisión del proceso de pertenencia, sino también para su fallo.
  3. Las entidades públicas mencionadas dentro del presente trabajo, son las que garantizan y protegen el derecho de propiedad de aquellos que por desconocimiento de la normas o por temor, como es en el caso de las personas desplazadas, no pueden defender aquello que les costó años de trabajo y de esfuerzo y que les brindaba tranquilidad.
  4. El legislador buscó a través del proceso de pertenencia, proteger las garantías tanto constitucionales y procesales de todos aquellos que se crean con derecho sobre un bien inmueble a través de los nuevos mecanismos que se describieron anteriormente, pues se observa que se busca la eficacia de los principios de publicidad, inmediación y concentración.
Referencias:
1 Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, Santafé de Bogotá D.C., cinco (5) de abril del año dos mil (2000), http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-383-00.htm
2 Canosa Suárez Ulises, Código General Del Proceso, aspectos probatorios, 11. Artículo pruebas código general del proceso publicado 31 de julio de 2012 por jurisprudencia 2012, http://jurisuniandes2012.blogspot.com.co/2012/07/11-articulo-pruebas-codigo-general-del.html